🔺 El organismo electoral solicitó investigar presuntas irregularidades en contratos y el manejo de recursos públicos; las indagatorias también alcanzan a funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos y el manejo de recursos públicos durante administraciones recientes, en medio del escándalo que derivó en la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo.
A través de un comunicado, el instituto informó que la denuncia busca que las autoridades ministeriales investiguen posibles conductas constitutivas de delito y determinen las responsabilidades correspondientes, sin distinción de personas, cargos o periodos de gestión.
El caso está relacionado con presuntas irregularidades en contrataciones millonarias a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, así como posibles vínculos entre funcionarios del organismo y particulares beneficiados con esos acuerdos.
Entre los contratos bajo revisión se encuentran los relacionados con la elección judicial de 2025 y la producción de credenciales para votar, cuyos procedimientos quedaron bajo cuestionamiento tras las revelaciones sobre posibles conflictos de interés.
Por separado, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, informó sobre la presentación de seis denuncias penales contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas, por posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, utilización de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
De acuerdo con información difundida por La Jornada, entre las personas que estarían involucradas en estas investigaciones figura la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, así como el contratista Alfredo Hernández Casillas.
El escándalo también provocó una reestructuración al interior del organismo electoral, luego de que se reportaran alrededor de 30 renuncias de funcionarios, 17 de ellas correspondientes a integrantes de la oficina de la entonces presidenta.
Las investigaciones continúan en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales y quiénes habrían participado en las posibles irregularidades.
