🔺 La defensa presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal de Florida para impugnar su detención migratoria; el juez rechazó una petición de protección inmediata.
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La exconductora de televisión Inés Gómez Mont busca recuperar su libertad en Estados Unidos mediante un recurso legal presentado por su defensa ante una corte federal de Florida, luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sus abogados interpusieron una demanda de habeas corpus el pasado 31 de octubre, con la que buscan que un juez revise la legalidad de su detención migratoria y determine si existen fundamentos suficientes para mantenerla privada de la libertad.
Como parte de la estrategia legal, la defensa también solicitó una medida urgente para impedir que fuera trasladada a otro centro de detención fuera de la zona de Miami, con el argumento de que necesita permanecer cerca de su familia. Entre los argumentos expuestos se incluyó el tratamiento médico que recibe una de sus hijas.
Sin embargo, el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó conceder de inmediato la protección solicitada contra un posible traslado. Esta determinación no representa el rechazo de la demanda principal, por lo que el procedimiento continúa.
De acuerdo con la información difundida por RÉCORD, el magistrado solicitó al ICE y a otras autoridades estadounidenses que expliquen los motivos de la detención, para lo cual estableció como plazo el miércoles 4 de noviembre.
Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami, Florida, y posteriormente quedó bajo custodia migratoria en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach.
En México, la exconductora mantiene una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, además de investigaciones relacionadas con presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente también involucra a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y está relacionado con un presunto esquema de operaciones financieras y contratos públicos cuyo monto fue estimado en 2 mil 950 millones de pesos.
Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para su eventual traslado a México ni una resolución definitiva sobre el recurso presentado en Estados Unidos.
