🔺 Aunque el Instituto de Movilidad ya sancionó al taxista que lo agredió, el sindicato de Taxistas “Tiburones del Caribe” no lo ha contactado para escuchar su versión, pues también es socio concesionario.
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció la suspensión de la licencia y la concesión de un operador señalado por su presunta participación en la agresión contra un conductor de Uber en Tulum.
Además, informó que inició un procedimiento administrativo y buscará las máximas sanciones legales, que podrían incluir la revocación definitiva de la concesión y la cancelación de su licencia.
Mediante un comunicado oficial, el organismo identificó al involucrado como Fredy Renán Gamboa Acosta, integrante del Sindicato de Taxistas “Tiburones del Caribe” y titular de la concesión 805.
La autoridad precisó que el procedimiento se llevará a cabo con respeto al debido proceso, por lo que la suspensión anunciada debe distinguirse de una revocación definitiva, cuya aplicación se buscará dentro del expediente administrativo.
La intervención ocurre después de la denuncia de José Ramírez, de 52 años, quien aseguró haber sido interceptado y agredido verbal y físicamente por un grupo de taxistas mientras realizaba un servicio de plataforma la tarde del lunes.
El afectado, quien también se identificó como socio concesionario, señaló que tuvo que resguardarse dentro de su vehículo ante las agresiones.
“Yo ya no estoy para estarme golpeando en la calle, tengo 52 años. Yo entré con pasaje y salí con el mismo pasaje y su acompañante. Eso fue lo que originó el problema”, declaró Ramírez.
Asimismo, manifestó temor por su integridad y la de su familia, y sostuvo que, al momento de su testimonio, el sindicato no lo había contactado para escuchar su versión.
En su posicionamiento, el Imoveqroo informó que la decisión ya fue comunicada a la dirigencia sindical, la cual, según el instituto, expresó su respaldo a las acciones institucionales. El organismo advirtió que las agresiones y la intimidación son incompatibles con la responsabilidad de prestar un servicio de transporte y aseguró que actuará con firmeza ante estas conductas.
El caso pasa así de la denuncia pública al inicio de un procedimiento administrativo contra el operador señalado.
El instituto reiteró que debe garantizar traslados seguros y un trato digno para la ciudadanía; sin embargo, el comunicado no informa sobre detenciones ni sobre el inicio de una investigación penal por estos hechos.
