🔺Aunque la denuncia incluiría señalamientos por robo a mano armada, privación ilegal de la libertad y posible actuación organizada, la Fiscalía únicamente habría judicializado el probable delito de robo.
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La actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado serios cuestionamientos luego de que Antoni Michelle S. B., alias “Antony”, y Jesús del Carmen B. P., conocido como “El Chucho”, fueran puestos a disposición de un juez de control únicamente por el probable delito de robo, pese a la gravedad de los hechos denunciados por representantes de la Casa Funeraria Sánchez Villafañe.
De acuerdo con la versión de la parte agraviada, la denuncia no se limitaría al apoderamiento de objetos: también señalaría el presunto uso de armas de fuego, la retención del personal contra su voluntad durante varios minutos y la participación coordinada de varias personas.
Estas circunstancias podrían configurar conductas adicionales; sin embargo, corresponderá a la autoridad ministerial y al juez determinar la clasificación jurídica sustentada en las pruebas.
Los hechos ocurrieron el martes 25 de agosto, cuando varios individuos llegaron a la funeraria Sánchez Villafañe, ubicada en la colonia Tumbenká, a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado con logotipos de la Funeraria Dos Norte y una Ford Explorer. Según los denunciantes, los sospechosos irrumpieron violentamente, presuntamente portando armas, sustrajeron artículos de valor y mantuvieron retenidos a trabajadores antes de escapar rumbo a Playa del Carmen.
Los señalados fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal en el filtro ubicado al sur de Playa del Carmen. Las dos camionetas fueron aseguradas y al menos cinco personas quedaron a disposición de la FGE para la integración de la carpeta de investigación.
Entre los elementos que formarían parte del expediente se encuentran las declaraciones de los trabajadores afectados y grabaciones del circuito cerrado de la funeraria.
Pese a ello, durante la audiencia celebrada este sábado en el Juzgado Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, “Antony” y “El Chucho” habrían sido presentados solamente por el probable delito de robo.
La decisión abre una pregunta inevitable: ¿por qué la instancia no habría incluido inicialmente otras posibles conductas delictivas denunciadas, como el uso de armas y la presunta retención de personas?
La clasificación de delincuencia organizada requiere requisitos legales específicos y competencia determinada, pero la FGE debe explicar públicamente qué elementos investigó, cuáles descartó y bajo qué razonamiento jurídico.
También resulta llamativo el silencio institucional. Hasta el momento, la Fiscalía no habría informado oficialmente sobre la judicialización del caso ni aclarado la situación legal de los otros tres detenidos.
La falta de transparencia contrasta con la difusión que la dependencia realiza de otros asuntos, incluso de menor impacto, a través de comunicados y redes sociales.
La presunción de inocencia debe respetarse para todos los señalados; sin embargo, también debe garantizarse a las víctimas una investigación exhaustiva.
La FGE tiene la obligación de aclarar si continúa integrando indagatorias por otros posibles delitos o si decidió reducir todo lo ocurrido a un simple robo. La justicia no puede seleccionar únicamente el delito más cómodo mientras deja sin respuesta los señalamientos de mayor gravedad.
