🔺 La resolución contra un instituto de Ciudad Juárez genera discusión sobre cómo deben actuar las escuelas ante denuncias de acoso y la protección de estudiantes.
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La sentencia que obliga a una preparatoria privada de Ciudad Juárez a pagar más de 21 millones de pesos a un exalumno por daño moral y afectación a su proyecto de vida ha generado debate a nivel nacional sobre los límites de actuación de las instituciones educativas frente a denuncias por presunto acoso y violencia escolar.
El caso involucra al Instituto Tesla, que en 2022 dio de baja a un estudiante luego de que más de 20 alumnas lo señalaran por presuntas conductas de acoso, hostigamiento, violencia física y psicológica. Directivos del plantel aseguraron que actuaron conforme a los protocolos establecidos y notificaron a diversas autoridades educativas y de procuración de justicia.
Sin embargo, un juez civil determinó que la institución deberá indemnizar al exalumno con 21 millones de pesos, de los cuales 15 millones corresponden a daño moral y seis millones a afectaciones en su proyecto de vida. La escuela anunció que apelará la resolución y buscará revertir el fallo mediante los recursos legales correspondientes.
La decisión judicial ha llamado la atención de comunidades educativas en distintas partes del país, incluido Quintana Roo, donde planteles públicos y privados enfrentan constantemente el reto de atender denuncias relacionadas con violencia, acoso escolar o conductas de riesgo entre estudiantes.
Especialistas consultados en diversos foros han señalado que el caso podría convertirse en un precedente para futuras controversias sobre la responsabilidad de las escuelas al aplicar medidas disciplinarias antes de que exista una resolución definitiva de las autoridades competentes.
La resolución también ha provocado reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que los centros educativos deben tener facultades para actuar de inmediato en protección de posibles víctimas, otros sostienen que también debe garantizarse plenamente la presunción de inocencia y el derecho a la educación de los estudiantes señalados.
Aunque el litigio ocurrió en Chihuahua, el tema resulta relevante para padres de familia, docentes y directivos de Cancún y Quintana Roo, donde la prevención de la violencia escolar y la correcta aplicación de protocolos de actuación se han convertido en asuntos prioritarios dentro de las comunidades educativas.
