🔺Además, Nayelli “N” tenía contenido de índole s€xu∆l de sus hijas en su celular y computadora.
Un caso de traición a la confianza educativa y familiar conmocionó a la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, luego de que se diera a conocer la detención y procesamiento de una docente señalada por grabar a escondidas a menores de edad.
La mujer, identificada como Nayelli “N”, aprovechaba su posición como profesora para instalar dispositivos de vigilancia en áreas de extrema privacidad, vulnerando la integridad de sus propias alumnas y de sus hijas.
La captura de Nayelli “N” se concretó el 11 de marzo de 2026, tras una serie de diligencias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI).
El caso salió a la luz gracias a la denuncia interpuesta por la pareja sentimental de la imputada, quien es también el padre de las víctimas directas.
Según los reportes oficiales, el hombre localizó en un teléfono celular y en una computadora portátil diversos archivos que contenían fotografías y videos de índole sexual en los que aparecían sus dos hijas menores de edad.
Sin embargo, el horror no terminó en el ámbito doméstico. Durante el análisis forense de los dispositivos electrónicos vinculados a Nayelli ‘N’, las autoridades descubrieron otros clips de video que provenían de cámaras de videovigilancia instaladas estratégicamente en el área de baños de la institución educativa donde ella laboraba como profesora.
En estas grabaciones se observaba a otras niñas que asistían al plantel, lo que evidencia un patrón de conducta delictiva sistematizado dentro del entorno escolar.
Ante la gravedad del hallazgo en la escuela, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de conductas que podrían constituir delitos de orden federal debido a la naturaleza de la explotación de las menores.
En la audiencia inicial celebrada el 13 de marzo, un juez de control calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso a Nayelli “N” por su probable participación en el delito de trata de personas, bajo la modalidad de pornografía infantil.
Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada, fijando además un periodo de tres meses para que la FGJ CdMx concluya la investigación complementaria.
Este caso se encuadra dentro de las conductas sancionadas por la llamada Ley Olimpia, la cual reconoce y castiga la violencia digital y mediática.
