🔺Por la falta de pago de alrededor de 60 millones de pesos por un predio invadido, donde Telmex instaló una antena repetidora, en el ejido Aarón Merino Fernández, la empresa sería embargada.
Cancún.- Un segundo embargo contra Teléfonos de México (Telmex) podría llevarse a cabo en próximas fechas, a raíz de la falta de pago por un predio invadido, donde la empresa telefónica instaló una antena repetidora, en el ejido Aarón Merino Fernández, ubicado cerca de Bacalar.
Fue el 12 de agosto de 2014 cuando se cumplió la orden de embargo sobre bienes de la empresa en cuestión, esto en una sucursal en Chetumal, sin embargo el proceso legal continuó y ante la falta de pago por alrededor de 60 millones de pesos, se busca en próximas fechas embargar de nuevo en la capital del Estado, así como en Playa del Carmen, Cancún y Ciudad de México.
La mañana de este lunes, el abogado Gabino Andrade Romero, en compañía de Edmundo Gómez Trejo, presidente del comisariado ejidal Aarón Merino Fernández y Juan Manuel Herrera, poseedor del predio donde Telmex instaló la antena, dieron una declaración sobre este tema.
Se explicó que el 4 de julio del 2014, se dictó sentencia interlocutoria mediante la cual se condenó a Telmex a pagar 53 millones 665 mil 600 pesos, a lo que los abogados de la empresa recurrieron a recursos de amparo y la magistrada del distrito 44, en ese entonces Ana Duarte, decidió que la sentencia debía ser mucho menor, poniéndola en 42 millones 891 mil 894 pesos.
Ante la nueva sentencia, los integrantes del ejido decidieron no aceptar esta nueva sentencia y agotaron todos sus recursos, por lo que un magistrado de la Suprema Corte de la Nación retiró a la magistrada Duarte del distrito 44.
Del año 2014 a la fecha, no han recibido el monto establecido, pero al paso del tiempo la afectación que los ejidatarios han tenido, obedece a una reestructura del monto económico que sería actualmente de alrededor de 60 millones de pesos.
Sumado al tema con los ejidatarios, se presentó otra denuncia bajo la carpeta de investigación 3203/2022 contra Carlos Slim, Héctor Slim Helu y Alejandro Cocca Sánchez, por ejercicio irregular de sus funciones y tráfico de influencias, pues se tiene documentos que demuestran la compra de magistrados.
