🔺“Hago público lo que tanto tiempo se dejó en privado por la integridad de mi hijo, el cual ya hoy no está en mi custodia. Porque en vacaciones se fue y sin tener un acuerdo ya no me lo regresaron”, denunció la víctima de maltrato.
Una grave denuncia pública encendió las alertas en redes sociales luego de que Caris Ag, exesposa del abogado Francisco Santos Córdova, señalado como integrante de una barra de abogados y docente de la Universidad Anáhuac, expusiera presuntos años de violencia, maltrato psicológico, amenazas e intimidación.
La publicación fue realizada el pasado 6 de Junio a través de Facebook y comenzó con una frase que refleja el nivel de miedo que, asegura, vive la denunciante:
“Si me ven en la cárcel pronto o muerta ya saben ustedes por quién fue”.
Con esas palabras, la mujer decidió hacer público lo que, según su testimonio, habría callado durante años para proteger la integridad de su hijo y evitar mayores afectaciones familiares.
En su publicación, Caris Ag escribió: “A todos los que me conocen hoy es el día en el que decidí poner un alto al papá de mi hijo”.
Más adelante, explicó que decidió romper el silencio porque su hijo ya no se encuentra bajo su custodia, luego de que -según su versión- durante un periodo vacacional el menor salió y ya no fue regresado con ella, pese a no existir un acuerdo.
“Hago público lo que tanto tiempo se dejó en privado por la integridad de mi hijo, el cual ya hoy no está en mi custodia. Porque en vacaciones se fue y sin tener un acuerdo ya no me lo regresaron”, denunció.
La mujer también anticipó que podría ser descalificada públicamente y acusada de ser mala madre, pero aseguró que ya no siente vergüenza por exhibir lo que afirma haber soportado durante años.
“Me van a tachar de que no le di las atenciones, de que soy la peor mamá del mundo. Ya me juzgarán. No siento vergüenza de nada, exhibir los años de maltrato que se soportaron por cuidar la relación con el menor”, escribió.
De acuerdo con su propio testimonio, la denunciante sostiene que durante años resistió una relación marcada por maltrato emocional y desgaste psicológico.
En su mensaje, afirmó que actualmente vive pendiente del bienestar de su hijo y que continúa recibiendo agresiones a través de mensajes.
“Hoy sin mi hijo en casa y diario esperando esté bien. Recibo como siempre lo hice, maltrato en mensajes que son el veneno que me dieron en gotero”, señaló.
La publicación también deja ver el peso emocional de la situación. La mujer reconoció haber reaccionado con insultos en algún momento, pese a que —según dijo— intentó mantenerse respetuosa.
También admitió no saber hasta dónde llegará su denuncia pública, pero dejó claro que el silencio y la vergüenza forman parte del problema.
“Perdí porque insulté a pesar de yo tratar de ser siempre respetuosa. No sé a dónde llegue esto, ni sé si me arrepienta porque la vergüenza también forma parte del problema”, agregó.
El caso ha generado preocupación no solo por la denuncia de presunta violencia familiar y psicológica, sino también por los señalamientos relacionados con posibles redes de influencia dentro de corporaciones policiacas y dependencias de procuración de justicia.
Personas cercanas al caso sostienen que la mujer teme presentar denuncias formales debido a las presuntas relaciones que Francisco Santos Córdova habría construido dentro de instituciones de seguridad y justicia, luego de haber trabajado anteriormente en la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con esas versiones, dichas relaciones podrían haber sido utilizadas para intimidar, presionar o sembrar temor mediante amenazas relacionadas con carpetas de investigación, judicialización de expedientes u órdenes de aprehensión.
Entre los nombres mencionados aparece Daniel Benítez, identificado por las fuentes como ex Ministerio Público relacionado con la Fiscalía General del Estado, quien presuntamente mantendría una relación cercana con Santos Córdova y habría presumido influencias con ministerios públicos y autoridades judiciales.
Los testimonios refieren, además, que se habría hablado de la posibilidad de “fabricar carpetas de investigación” o mover expedientes mediante presuntos actos de corrupción, acusaciones que, por su gravedad, deben ser investigadas por las autoridades competentes.
Acusaciones también alcanzan el ámbito académico
La denuncia pública también abrió otro frente de señalamientos contra el abogado dentro del entorno universitario.
Versiones difundidas por personas cercanas al caso refieren que varias alumnas de la Universidad Anáhuac habrían señalado a Santos Córdova por presunto acoso, manipulación y conductas inapropiadas.
De acuerdo con esos testimonios, el abogado presuntamente acostumbraba invitar a jóvenes estudiantes a cenas exclusivas, fiestas privadas, yates y viajes de lujo, situación que ha generado cuestionamientos sobre su comportamiento frente a alumnas y su papel como docente.
Entre los casos mencionados se encuentra el de una exalumna cuya identidad se reserva por protección, quien presuntamente habría sostenido una relación sentimental con el litigante. Según la versión difundida, la joven habría quedado embarazada y posteriormente habría perdido al bebé en un contexto de presuntos maltratos y violencia.
También se afirma que habría sido amenazada para no proceder legalmente.
Estos señalamientos, aunque deben ser investigados con estricto apego al debido proceso, colocan bajo escrutinio la conducta ética y profesional del abogado, así como la responsabilidad de las instituciones académicas y gremiales a las que pertenece.
Exigen revisión de su conducta profesional
Las críticas contra Francisco Santos Córdova también se han extendido al ámbito profesional, debido a que quienes lo señalan consideran que su conducta personal sería incompatible con los principios éticos que deben regir a un abogado, docente universitario e integrante de una barra profesional.
De acuerdo con las versiones difundidas, Santos Córdova sería visto con frecuencia en fiestas privadas y ambientes de excesos, lo que —según sus críticos— contrasta con la imagen de responsabilidad, ética y ejemplo público que debería proyectar una persona dedicada al derecho y a la formación académica.
Señalamientos por presuntos despojos en Tulum y Playa del Carmen
Las acusaciones también apuntan hacia presuntos conflictos patrimoniales relacionados con hoteles y propiedades ubicadas en Tulum y Playa del Carmen.
De acuerdo con las versiones aportadas, algunos inmuebles habrían sido asegurados con apoyo de autoridades ministeriales para posteriormente ser objeto de disputas y adjudicaciones irregulares.
Los señalamientos incluso refieren que detrás de estas disputas existirían hechos violentos y personas fallecidas, todo bajo un presunto ambiente de impunidad en el que también se menciona a Daniel Benítez, quien en ese momento habría fungido como Ministerio Público del área de delitos patrimoniales.
Estas acusaciones son especialmente delicadas y ameritan una revisión profunda por parte de las autoridades correspondientes, pues involucran presuntos actos de corrupción, abuso de poder, uso indebido de instituciones de justicia y posibles afectaciones patrimoniales.
Llamado urgente a investigar
El caso no puede quedar reducido a una denuncia en redes sociales. La frase con la que Caris Ag inició su publicación debe ser tomada con seriedad: una mujer está diciendo públicamente que teme terminar presa o muerta.
Por ello, colectivos, autoridades y organismos de protección a mujeres deberían dar seguimiento inmediato al caso, verificar si existen medidas de protección vigentes, revisar la situación jurídica del menor y garantizar que cualquier denuncia pueda presentarse sin amenazas, presión o represalias.
La Fiscalía, los órganos internos de control, la institución académica señalada y la barra de abogados a la que pertenezca Santos Córdova tienen la obligación ética e institucional de revisar estos señalamientos, escuchar a las posibles víctimas y deslindar responsabilidades.
Hasta el momento, los hechos expuestos forman parte de denuncias públicas, testimonios y versiones que deberán ser investigadas por las autoridades competentes. Las personas señaladas conservan su derecho de réplica y la presunción de inocencia; sin embargo, la gravedad de los señalamientos exige que el caso no sea ignorado ni minimizado.
