🔺️Organizaciones denuncian abuso de la prisión preventiva y criminalización de la defensa social
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A pesar de la falta de pruebas contundentes en su contra, la activista ha pasado casi tres años privada de la libertad, en un caso que ha encendido alertas entre defensores de derechos humanos y colectivos sociales por el uso prolongado de la prisión preventiva.
Ramírez Velasco fue detenida en 2022 y acusada de un delito que, de acuerdo con su defensa, no cometió. Desde entonces ha enfrentado un proceso judicial marcado por retrasos, resoluciones contradictorias y la ausencia de pruebas sólidas que acrediten su responsabilidad.
Aunque en distintos momentos se ha demostrado que no se encontraba en el lugar de los hechos y que los señalamientos en su contra carecen de sustento, la activista ha permanecido en prisión preventiva y, posteriormente, bajo resguardo domiciliario, sin que se resuelva de fondo su situación jurídica.
Organizaciones civiles y abogados han denunciado que su caso es un ejemplo de cómo el sistema de justicia utiliza la prisión preventiva como una pena anticipada, afectando de manera directa a personas dedicadas a la defensa de derechos humanos y causas sociales.
El caso de Xóchitl Ramírez ha sido retomado por colectivos nacionales e internacionales, quienes exigen su liberación inmediata y una revisión exhaustiva del proceso, al considerar que se trata de una criminalización de la protesta y del activismo.
Mientras tanto, la activista continúa a la espera de una resolución definitiva, con su libertad condicionada y su vida personal y laboral severamente afectadas, en un proceso que, acusan, ha sido más punitivo que justo.
